Provincia de Cádiz

La pasividad siempre tiene un coste

  • El TSJA condena a la Junta a pagar 376.000 euros al Ayuntamiento de Rota por incumplir sus compromisos de 2008 para desdoblar la carretera de acceso a la ciudad.

Los contratos que se firman son para cumplirlos. Y si no lo haces, tienes un doble castigo: te imponen una sanción económica y, además, te dejan con la cara colorada. Esto es lo que le sucede a los que no cumplen sus compromisos, ya sean personas físicas, empresas o administraciones públicas. Y eso es, por ejemplo, lo que le ha sucedido a la Junta de Andalucía, que ha sido condenada a pagarle al Ayuntamiento de Rota 376.000 euros por no cumplir con su parte en el proyecto de desdoble de la A-2075, la carretera autonómica que da acceso a la localidad roteña.

La sentencia, emitida por la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, es firme porque contra ella contra ella no cabe recurso alguno.

El fallo judicial viene a estimar en parte la demanda presentada contra la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en junio de 2014 por el Ayuntamiento de Rota, que estaba gobernado entonces por el PP y por Roteños Unidos (RRUU), siendo alcaldesa Eva Corrales.

Los hechos juzgados son fáciles de resumir. El 25 de enero de 2008 ambas partes (Consejería de Fomento y Ayuntamiento de Rota) firman un convenio de colaboración para la mejora y desdoble de los 4,5 kilómetros de la carretera A-2075 que da acceso a la ciudad, desde el cruce del cementerio hasta la plaza del Triunfo, donde se ubica la puerta principal de entrada a la Base Naval. La idea inicial era que tras las obras, la carretera pasaría a ser competencia municipal. El convenio, que fue firmado por Lorenzo Sánchez (RRUU) como alcalde de Rota y Pablo Lorenzo como delegado provincial de Fomento, contemplaba que la Junta haría el 60% de la obra y el Consistorio el 40% restante.

Transcurridos seis años de la firma, el Ayuntamiento ya había cumplido su parte con la construcción de dos rotondas, el cierre de las expropiaciones necesarias -tanto con las autoridades de la Base como con Adif- y el encargo de la redacción de los proyectos de trazado y de construcción de la nueva carretera. Pero la Junta no había movido un dedo, ni en la etapa del socialista Pablo Lorenzo como delegado de Fomento, ni posteriormente con Manuel Cárdenas (IU) en este mismo puesto, al que llegó a mediados de 2012. Por ello, y después de varios requerimientos municipales que no tuvieron respuesta por parte de la Junta pese a que el gobierno local advertía de la posibilidad de acudir a los tribunales, en junio de 2014 el Ayuntamiento optó por presentar una demanda contra la Consejería de Fomento que ha sido validada ahora por el TSJA.

En la sentencia, emitida a finales de febrero y a la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal andaluz considera efectivamente que en este asunto ha existido por parte de la Consejería de Fomento una "inactividad" que es "contraria al ordenamiento jurídico". Por ello condena a la Junta a reintegrar al Ayuntamiento la cantidad de 376.053,71 euros, que es el dinero correspondiente a las inversiones y gastos realizados por el Consistorio roteño en virtud del convenio de 2008, además de los intereses de los pagos realizados. En este punto hay que precisar que en la demanda el Ayuntamiento sólo reclamó por los proyectos encargados, pagados y no ejecutados, pero no por las dos rotondas construidas y que actualmente están en servicio. Ambas rotondas se ubican en la plaza del Triunfo (junto al acceso a la Base Naval) y en el punto kilométrico 2,7, conocida como rotonda Villa de Rota y que desvía parte del tráfico rodado hacia la avenida de la Libertad. También llevó a cabo el Ayuntamiento las expropiaciones necesarias para poder desdoblar la carretera y que conllevó un retranqueamiento de la valla perimetral de la Base, gestiones que también serán ahora reintegradas.

La sentencia no obliga a la Junta a retomar el proyecto de desdoble de la A-2075, ya que da por resuelto el convenio marco de colaboración que ambas administraciones suscribieron hace más de ocho años.

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