A la izquierda no le gusta la educación concertada. La tolera porque no le queda más remedio. El artículo 27 de la CE basa la libertad de enseñanza en la convicción de que son los padres -y no el Estado-, los que eligen la educación de sus hijos. Y eso los mata, les da una patada en el estómago; ese derecho irrenunciable que guardamos muchos padres como oro en paño, molesta al progresismo como una piedra en su zapato. Si pudieran la barrerían. El 27 fue el único artículo por el que Peces Barba- ponente del PSOE en las Cortes Constituyentes-, se levantó de la mesa de negociación de la Carta Magna; costó volver a sentarlos y que transigieran con este derecho básico. Entendieron antes que nadie que las sociedades se moldean con el control de la educación. Que nos lo cuenten desde Cataluña o el País Vasco. La izquierda eleva lo público sin matices a categoría de dogma, concepto del que se han apropiado como si fuera una conquista suya; por eso no conciben que los diversos modelos educativos tengan que ser sostenidos con fondos públicos. En realidad, no les molesta la concertada en sí, lo que les hiere en el alma es la educación católica, a la que consideran carca, casposa e inmovilista. Si el centro escolar objeto de concierto fuera de titularidad progre-marxista, miel sobre hijuelas. El universo progre controla de manera transversal la educación pública, la Universidad, la mayoría de los medios de comunicación, los resortes de la cultura, la conformación de la opinión pública y aun así no convencen a la mayoría del respetable. Todo lo que significa disentir del discurso oficial, consensuado, transmitido por sus canales oficiales, es ultra, extremo, o cuanto menos sospechoso. Se avecinan tiempos recios, la defensa del pensamiento crítico sucumbe ante argumentos estrechos disfrazados de modernidad y progreso.