A mediados de 2017, la Junta de Andalucía inició las obras de rehabilitación del número 17 de la calle Ramón de Cala, una casa palacio situada en la Cruz Vieja, punto neurálgico del señero barrio de San Miguel. El inmueble se iba a reformar en su totalidad para albergar 22 viviendas destinadas al alquiler para familias con escasos recursos económicos.

Sin embargo, esta intervención ha pasado por innumerables vicisitudes que ha provocado que, seis años después, siga aún sin estar habitada nuevamente. Pero todavía no solo no hay fecha sino que el organismo autonómico ha tenido que contratar un servicio de vigilancia privada para evitar okupaciones y expolios mientras no se culminan los trámites para que el inmueble vuelva a contar con inquilinos.

Aparentemente, las obras de rehabilitación del inmueble ya han concluido —tenían de plazo pasado mes de julio— aunque el organismo autonómico no lo ha aclarado, a pesar de las preguntas realizadas por este medio en los dos últimos meses. A mediados del pasado año se retomaron los trabajos de intervención en este inmueble tras haber permanecidos paralizados durante cuatro años por desavenencias con la primera empresa que se contrató para su ejecución.

Sin embargo, todo apunta a que aún no cuenta con las autorizaciones necesarias para poder ser habitado de nuevo. De hecho, en un informe técnico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía elaborado en marzo, aunque suscrito en julio, se apuntaba que aún no se contaba con la licencia de primera ocupación, trámite necesario para poder suscribir los contratos de alquiler con los futuros inquilinos, debido a que eran necesarias unas obras en la instalación del suministro eléctrico.

En este informe, se apuntaba que, durante la ejecución de la rehabilitación de este inmueble, se ha tenido que solicitar una nueva petición de suministro eléctrico a la compañía distribuidora y que era necesario la ejecución de unas obras en la vía pública por parte de esta firma para que, de este modo, el edificio pueda contar con fluido eléctrico. No ha trascendido si esta intervención ya se ha realizado o no, pero lo cierto es que la Junta ha tenido que contratar a una empresa de vigilancia privada para evitar expolios y o posibles ocupaciones, tal y como ocurrió durante el periodo en el que estuvieron las obras paradas.

Problemas en la contratación de la vigilancia de la casa palacio

Sin embargo, y muestra de los importantes problemas burocráticos que está teniendo esta intervención, la Junta de Andalucía ha tenido que realizar dos procedimientos de licitación para contratar la vigilancia de la antigua casa-palacio. El primero se inició a principios del mes de agosto estableciéndose que este servicio, que tendrá un coste de unos 90.000 euros aproximadamente, sería necesario durante aproximadamente cinco meses, con posibilidad de prórroga, un tiempo que se consideraba suficiente para culminar los trámites administrativos pendientes.

Pero, los servicios de contratación tuvieron que suspender el procedimiento hasta en dos ocasiones durante el periodo de presentación de ofertas por los escritos presentados por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y por una de las empresas aspirantes, que cuestionaban algunos aspectos del pliego de condiciones de la licitación. Esto provocó que este tuviera que ser modificado y, por ende, ampliarse el periodo de presentación de ofertas. Finalmente, son seis las empresas que optan al concurso, unas propuestas que actualmente se están valorando.

Pero, ante este retraso, y la necesidad de que haya vigilancia, la Junta ha realizado en paralelo los trámites de un contrato menor para tener este servicio durante los próximos 30 días mientras finaliza el anterior concurso. La adjudicación se realizó el pasado 11 de septiembre y tendrá un coste de unos 18.100 euros aproximadamente.

Las 22 viviendas habilitadas en el inmueble de la calle Ramón de Cala, esquina Cazón, se destinarán a personas con rentas bajas en régimen de alquiler. Está previsto también que se haga una reserva para aquellas familias que vivían en este inmueble antes de que se iniciara la rehabilitación y que fueron realojadas en otros inmuebles.