Tanto el Colegio de Abogados como el de Procuradores de Jerez han mostrado su rechazo al primer documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma. La propuesta fue dada a conocer el pasado martes.

Ambas instituciones censuran que la propuesta pueda incurrir en un quebrantamiento del derecho a la tutela judicial efectiva al limitar o, incluso, disuadir, el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos y limitando el derecho de defensa.

En una carta los colegiados, el decano de los abogados jerezanos, Marcos Camacho, muestra su “desaprobación” al grueso de las medidas propuestas en este documento ya que “conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva” y advierte de que, con ellas, se está “limitando cuando no disuadiendo a los ciudadanos para acceder a la Administración de Justicia en busca de amparo de sus derechos”.

Asimismo, alerta de que se limita “el derecho de defensa” y se “ignoran, minimizan y no consideran la función que los abogados desarrollamos” en propuestas tales como establecer agosto como mes hábil a efectos judiciales “con la racionalización, que no supresión, de las vacaciones de jueces, fiscales y funcionarios” y “omitiendo al resto de los operadores jurídicos y en consecuencia ignorando el derecho a la conciliación familiar de los abogados y en especial de los que integran los pequeños y medianos despachos”.

Para Camacho, teme que este documento enmascara “una auténtica reforma legislativa que en nada favorece a nuestro colectivo ya de por sí debilitado, función además que no compete al órgano de gobierno de los jueces”. Por ello, asegura no entender que se propongan “muchas de las medidas (en realidad reformas) con carácter permanente, lo que es consustancialmente contradictorio a la provisionalidad del denominado plan de choque”.

"Se obvia el gran problema"

Por su parte el Colegio de Procuradores también pone en duda de que estas medidas “tanto las consecuencias del parón judicial provocado por la declaración del estado de alarma como las que dicha declaración pueda conllevar a futuro”.

Así, en referencia a los retrasos que esta situación puede provocar en la Justicia, esta institución entiende que “las medidas propuestas obvian que el gran problema” del colapso y los retrasos “es consuetudinario a la misma y viene de muy atrás, provocados la más de las veces por la falta de medios materiales y personales”.

Por ello, advierte de que la propuesta puede producir, incluso, “un menoscabo de los derechos de los ciudadanos a una Justicia efectiva y de calidad” al considerar que muchas medidas “son meramente disuasorias”. Además, y al igual que el Colegio de Abogados, cuestiona que se plantee el mes de agosto como mes hábil ya que “cercena nuestro derecho al descanso”, además de ir en contra de la “conciliación familiar y laboral”.

Ante esto, el Colegio de Procuradores reclama que a partir de este lunes se proceda a una “reincorporación progresiva a sus tareas habituales tanto de funcionarios como de letrados de la administración de justicia y jueces y magistrados todos”. Esta labor se debería hacer “inicialmente a puerta cerrada” y en turnos “de mañana y tarde” habilitando, en aquellos casos que no sea posible la actividad presencial, el teletrabajo. Incluso, plantea que se pueda permitir la presentación escritos iniciadores o de trámite, aunque los plazos legales aún no estén rehabilitados por el estado de alarma.

Esta institución añade que las medidas que deben adoptarse en este momento deben limitarse a “paliar los efectos de la crisis” del coronavirus y en ningún caso se realizan “reformas que requieren de profundo estudio y amplio consenso”.