El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, denuncia a la instructora por una falta muy grave o grave de “desatención o retraso injustificado” en la tramitación de tres macrocausas. Las faltas que atribuye el Ministerio Público a la instructora pueden conllevar desde una multa de hasta 6.000 euros a la suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Concluyeron nueve procedimientos en el primer trimestre y el 60% de las sentencias dictadas fueron condenatorias.

El primer trimestre de 2019 hubo un 3,1% más de denuncias que en el mismo periodo de 2018.

El Pleno aprueba un informe favorable al Anteproyecto de ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La exploración del menor víctima de delito se lleve a juicio como prueba preconstituida para evitar que su repetición durante el proceso le cause victimización secundaria.

Las asociaciones profesionales reclaman en este litigio un pronunciamiento de "condena" para que el máximo órgano de gobierno de los jueces regule la carga de trabajo "a efectos de salud laboral".

Los presidentes de las Audiencias Provinciales españolas apuestan por crear la figura de un magistrado que explique a la ciudadanía el contenido de las decisiones judiciales.

Entre enero y marzo de este año se han dictado 4.261 sentencias en Andalucía. En el 96% de los casos los jueces han dado la razón a los clientes de los bancos en la reclamación de las cláusulas suelo de las hipotecas. .

Las mujeres juristas son vistas como auxiliares de los hombres.

La acusación popular pide a la Audiencia que deduzca testimonio por si la instructora ha incurrido en "desobediencia, prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia".

La Inspección del CGPJ critica los criterios de reparto de las macrocausas en Sevilla y la distribución de especialidades como la Violencia sobre la Mujer y la Vigilancia Penitenciaria.