La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha propuesto impedir a las entidades de gestión crear sociedades mercantiles, obligarlas a someterse a una auditoría pública de funcionamiento y crear un régimen sancionador para aquellas que no cumplan con sus obligaciones. González-Sinde ha presentado este conjunto de medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, ha planteado la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de estas entidades.

La titular de Cultura ha anunciado una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles, de tal forma que solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.

González-Sinde ha recordado que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una sociedad mercantil cuyo ex director general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La ministra ha indicado que "no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente han violado la ley y se les ha detenido, no hay que olvidarlo".

Tanto en la interpelación como en la contestación a la pregunta que el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga (que ha recordado que Sinde es socia de la SGAE) le ha planteado en el mismo pleno, la ministra ha recordado que las competencias del Ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas. Ninguna de ellas ha sido suficiente para detectar los problemas que se han producido en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, ha reiterado.

Además, ha recordado que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles. González-Sinde ha advertido, no obstante, de que ahora no es posible encontrar una solución definitiva mientras Bruselas no resuelva la Directiva de la UE sobre entidades de gestión.

La ministra ha defendido la actuación de su departamento ante la crisis de la SGAE, en la que ha actuado con todas las posibilidades que le otorga la ley. Lasalle ha acusado al Gobierno de intentar eludir su responsabilidad en este asunto escudándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace, ha dicho, es reforzar sus competencias sobre las entidades de gestión. También ha considerado que existen "claras responsabilidades del Ministerio de Industria, que entre 2008 y 2010 otorgó a sociedades vinculadas a la SGAE subvenciones por importe de 3,6 millones de euros". El portavoz popular ha recalcado que las sociedades de gestión deben ceñirse a gestionar los derechos de los autores bajo la supervisión estatal y "probablemente a través de una ventanilla única". El diputado del PP ha aplaudido las iniciativas presentadas y, aunque ha estimado que se han presentado tarde, ha confiado que se esté a tiempo de "paliar los daños que penden sobre el conjunto de las sociedades".

Sinde dice que no hay nada que no haya hecho

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha reiterado que "no hay nada" que el Gobierno no haya hecho dentro de sus competencias en relación al caso de la SGAE mientras que los grupos de la oposición le han reprochado que intente "echar balones fuera" y eluda sus responsabilidades.

La ministra ha comparecido ante la Comisión de Cultura del Congreso a petición propia tras la crisis vivida en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a raíz de la operación Saga sobre un presunto desvío de fondos en su filial digital. La titular de Cultura ha apostado por reforzar el control sobre las entidades de gestión y por una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para impedir la creación indiscriminada de sociedades mercantiles -como es el caso de la filial digital de la SGAE-, modificación que todos los grupos, a excepción del PSOE, han calificado de "cataplasmas" o "tiritas" insuficientes.

González-Sinde ha dejado claro en su comparecencia que las presuntas irregulares detectadas en la SGAE son una excepción y que son los autores los doblemente perjudicados por esta situación ya que "era con su patrimonio con el que se jugaba y era su imagen la perjudicada" . Por eso, ha insistido en que "no es admisible" una causa general contra las entidades de gestión y ha insistido en que el Gobierno no aceptará un recorte en los derechos de los autores: "El castigo lo merecen los responsables" de las presuntas irregularidades "no los que sostienen con su trabajo la Cultura".

La ministra ha explicado a la Comisión las medidas que anunció ante el pleno del Congreso para reforzar el control sobre las entidades de gestión: impedirles la creación indiscriminada de sociedades mercantiles, obligación de someterse a una auditoría pública de funcionamiento y la creación de un régimen sancionador para las sociedades que no cumplan con sus obligaciones.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, han acusado a la ministra de intentar exonerar su responsabilidad en este asunto basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997. El portavoz del grupo popular José María Lasalle ha insistido en que la ministra es la responsable política de lo que ha sucedido en la SGAE porque la sentencia del TC "al Ministerio de Cultura no le exonera de responsabilidades". El Ministerio de Cultura ha mantenido una actitud de "parálisis", según Lasalle, de la que eran conscientes, ha dicho, los investigados en la "operación Saga". El representante del PP ha destacado también la necesidad de una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual que su partido reclama desde hace tiempo, según ha recordado.

Los diputados nacionalistas han criticado asimismo que el Gobierno se haya "quitado la responsabilidad de encima" al asegurar que no tiene competencias sobre la vigilancia de las entidades de gestión y, por tanto, haya culpado a las Comunidades Autónomas. "Los mecanismos de control han fallado y el Gobierno no puede eludir sus responsabilidades", según el diputado del BNG Francisco Jorquera, mientras que la representante de IU, Nuria Buenaventura, considerado un "insulto" que la ministra plantee esas modificaciones parciales y el diputado del PNV Esteban Bravo ha dicho que el problema "es que el Ministerio de Cultura no ha hecho nada".

El portavoz socialista José Andrés Torres Mora ha defendido la actuación del Gobierno y ha considerado que del caso concreto de la SGAE no se puede deducir "sin más" una revisión completa y "abrir en canal" el sistema de propiedad intelectual y, por ello, se ha mostrado partidario de realizar una "cirugía lo menos invasiva posible".