El Ayuntamiento tiene en el Estado su principal, y prácticamente único, prestamista. Con datos correspondientes al 31 de diciembre de 2020, en torno al 92% de la deuda financiera que tiene el Consistorio está adscrita ya al fondo de ordenación que el Gobierno central creó en 2015 para ayudar a la sostenibilidad financiera de las entidades locales. El pasivo financiero municipal ascendía en ese momento a unos 733,2 millones de euros, en torno a un 70% de la deuda total del Consistorio (en este importe no están incluidas las empresas municipales).

A día de hoy, el Ayuntamiento no puede recurrir a las entidades bancarias para financiarse por su cuenta pues requiere de una autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, tampoco le interesa recurrir a esta vía pues, por un lado, las condiciones que le ofrece el fondo de ordenación son prácticamente imposible de mejorar por una entidad privada y, segundo, está obligado a que cualquier operación crediticia cumpla con el denominado principio de prudencia financiera, una limitación tanto en el tipo de interés como en el diferencial que marca el Estado para los préstamos que concierten las administraciones públicas.

Un ejemplo es la operación que el ejecutivo espera firmar el próximo mes para liquidar la deuda que el Ayuntamiento arrastra con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria y que supera los 94 millones de euros. A falta de concretar el día de la operación, la Delegación de Economía confía en poder cerrarla al 0% de interés. Al igual que otros préstamos con el fondo de ordenación, tendrá un plazo de 10 años para devolverlo y contará con dos años de carencia.

Tal y como consta en el presupuesto municipal del pasado año (el de este año aún no ha sido elaborado), el préstamo de mayor importe fue suscrito por el Ayuntamiento a finales de 2019 y sirvió para reagrupar buena parte de los créditos que el Ayuntamiento había firmado desde 2012 para acogerse a distintas líneas de rescate habilitadas por el Ministerio de Hacienda (pago a proveedores, pago de sentencias, anticipos,...). El importe suscrito superó los 594 millones y será a final de este año cuando el Ayuntamiento empiece a devolverlo. Este crédito no se liquidará hasta 2045, si no hay nuevas refinanciaciones.

El Ayuntamiento tiene también otras dos operaciones de crédito con este fondo que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A finales de este año también empezará a devolver un préstamo de 37,7 millones que solicitó en 2019 y no será hasta el año próximo cuando empiece a pagar amortizaciones por el que suscribió el pasado año y que ascendía a 43 millones de euros.

A día de hoy, el jerezano es el ayuntamiento de toda España que más importe ha solicitado a este fondo de ordenación desde que se habilitó en 2015. Desde entonces ha suscrito en torno a 300 millones, un importe que se incrementará notablemente a lo largo de este año. Así, se prevé no solo la operación de 94,4 millones para atender la deuda con la Seguridad Social y con Hacienda, sino que también el gobierno tiene la posibilidad de pedir otros 39 millones de euros para atender pagos de sentencias judiciales, devoluciones de créditos ya formalizados y reintegros al Estado (para adherirse a esta línea tiene de plazo hasta el 15 de diciembre). Si esta operación acaba fructificando, la deuda viva a final de año podría superar los 850 millones.

Mientras tanto, el Consistorio tiene unos 57,7 millones de euros en préstamos suscritos con entidades bancarias privadas aunque, eso sí, estos importes están también avalados por el Estado puesto que prácticamente todas se refinanciaron a mediados de la pasada década al acogerse a distintos reales decretos donde se establecieron medidas para ayudar financieramente a ayuntamientos como el de Jerez.

A día de hoy, los préstamos de mayor importe con la banca privada son con BBVA (unos 24,1 millones pendientes de devolver) y Caixabank (23 millones distribuidos pendiente de amortizar en cuatro créditos). No obstante, también cuenta con operaciones aún no vencidas con Cajasur (Kutxabank), Bankia (ahora integrada en Caixabank), Haitong Bank, National Bank of Abu Dhabi, Sabadell y Santander, aunque ninguno de ellos no supera los dos millones de euros cada uno. Algunas de estas pólizas terminarán de devolverse en 2025; en cambio otras tendrán vigencia hasta 2034.