El grupo Dhul, la firma alimentaria con sede en Granada que fue una de las teóricas ‘joyas’ del grupo de empresas del grupo Ruiz-Mateos, tenía una contabilidad con unas “irregularidades muy importantes”. De hecho, su producción y actividad no podía cubrir las obligaciones y garantías que le asignó la familia Ruiz-Mateos de los compromisos de otras empresas.

En la sesión de este martes del juicio que desde finales del mes de enero se está desarrollando en la Audiencia Nacional contra los seis hijos varones del empresario por los pagarés de Nueva Rumasa, se abordó la situación de esta empresa que acabó convirtiéndose en uno de los principales avalistas del grupo en la emisión de otras compañías de Nueva Rumasa. Públicamente se anunció que se invertiría en una nueva planta de producción de alimentos precocinados en Jaén, que empezó a construirse y llegó a recibir subvenciones públicas.

La situación contable de esta empresa fue apuntada en el juicio por los administradores que nombró el Juzgado de lo Mercantil de Granada cuando se declaró el concurso de acreedores. Y estos advirtieron de que "no llegó un solo euro” del dinero de los pagarés emitidos a la planta de Jaén, cuyas obras quedaron paralizadas.

En su declaración, los administradores indicaron que Dhul no solo emitieron pagarés (unos cinco millones) sino también avalaron los de otras empresas del grupo (unas obligaciones que se estiman que superan los 200 millones), además de realizar ampliaciones de capital para pequeños inversores. Sin embargo, y a preguntas de la Fiscalía, reiteraron que las cuentas anuales de la compañía no reflejaban su imagen fiel. De hecho, tanto en las cuentas de 200l8, 2009 y 2010 se se recogían beneficios que, según los administradores, no eran reales.

Es más, ya en sus informes emitidos durante el procedimiento concursal —el concurso fue declarado culpable— advirtieron de que llegaron a producirse “ventas ficticias” de productos a sociedades de Nueva Rumasa, especialmente a las sociedades hoteleras de Canarias, otra de las causas por la que el concurso fue declarado culpable. En 2009, por ejemplo, se detectaron unos nueve millones de euros en operaciones de compraventa que realmente no se hicieron.

También incidieron en la existencia de la caja única ya que “todo el dinero” que generaba el grupo Dhul iba a la sociedad mercantil Bardajera SL, con sede en Madrid, y era la encargada de manejar la liquidez de toda Nueva Rumasa. “Nueva Rumasa vació de liquidez a Dhul”, sentenció uno de los administradores concursales.

Dhul está actualmente en proceso de liquidación mientras se ultima la venta de las principales marcas que tenía. Se da la circunstancia de que estas fueron también objeto de pleito entre los administradores y la familia Ruiz-Mateos ya que esta había transferido las principales marcas a una sociedad que controlaban en el paraíso fiscal de Belice, que era el principal activo de la compañía.

La fábrica de Dhul de Granada ha pasado por dos procesos de venta autorizados por el Juzgado de lo Mercantil. En la segunda, se pagó por la unidad productiva unos 15 millones de los que abonó monetariamente unos dos y el resto el comprador aprobó parte del pasivo que tenía la sociedad (hipotecas, alquileres, gastos de trabajadores, ...). Eso sí, los administradores advirtieron de que la familia Ruiz-Mateos reclamó recibir una parte de la operación, a lo que se negaron. En esta compraventa, en cambio, no están incluidas las marcas, aunque apuntaron que hay un acuerdo que está a expensas de que sea firme la decisión judicial de que los derechos de las marcas deben volver a Dhul.

En estos días, el juicio por lo pagarés de Nueva Rumasa prosigue con las periciales donde están declarando los administradores que fueron nombrados por los juzgados de lo Mercantil que llevaron los procedimientos concursales de las empresas de Ruiz-Mateos que se declararon en quiebra. Así, en la sesión de este martes, además de los asignados para Dhul, también declararon como testigos los de Maspalomas Hoteles SL, la firma a la que pertenecían los hoteles que tenía el grupo en Canarias, y la de Inversiones Ruiz-Mateos SL, una sociedad instrumental que no tenía actividad y que también emitió pagarés.

El juicio se retomará el próximo 2 de abril.