Hoy, 25 de septiembre, se cumplen 100 días desde que la popular María José García-Pelayo recibiera de manos de la socialista Carmen Collado el bastón de mando de la Alcaldía de Jerez. Ha sido un periodo donde la regidora ha tenido que hacer dos remodelaciones de gobierno por la marcha de dos de sus miembros a la Diputación Provincial, pero donde ha podido representar que la Junta de Andalucía será su gran apoyo en este mandato. Eso sí, también ha tenido que empezar a negociar con el Ministerio de Hacienda para darle una solución definitiva a la abultada deuda municipal, unas conversaciones que marcarán la política económica municipal en los próximos años.

Los días previos al pleno de investidura fueron relativamente tranquilos. Las urnas le habían dado una mayoría absoluta a la candidatura de García-Pelayo por lo que no era necesario buscar un acuerdo con otras formaciones para garantizarse la Alcaldía. El nuevo ejecutivo ya estaba prácticamente esbozado y anunciado, al menos en las principales áreas, por lo que solo quedaba que transcurrieran los días legamente establecidos entre las elecciones y el pleno solemne en el Cabildo Viejo. 

El traspaso de poderes entre socialistas y populares fue tranquilo, al menos públicamente. Incluso, el anterior ejecutivo le dejó al nuevo un extenso documento detallando los haberes y los deberes de cada concejalía. Sin embargo, las buenas intenciones se olvidaron a las primeras de cambio pues gobierno y principal grupo de la oposición ni se dieron 100 días de cortesía para volver a sus andadas habituales de reproches mutuos.

Ya gobernando, y aunque García-Pelayo apuntó en una entrevista a este medio días antes de tomar posesión que confiaba en no tener que hacerlo, tuvo que hacer una primera remodelación de calado poco después de firmar la primera resolución de reparto de delegaciones. Almudena Martínez, a la que se le había encomendado las siempre complejas delegaciones de Seguridad y de Recursos Humanos, fue designada por su partido como presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, una responsabilidad prácticamente imposible de compaginar con un área de gobierno en el Ayuntamiento jerezano. El agujero pudo taparlo con José Ignacio Martínez, que fue ‘elevado’ a teniente de alcaldesa asumiendo las delegaciones que dejaba Almudena Martínez.

Sin embargo, semanas más tarde, se producía la segunda remodelación con un Rafael Mateos que dejaba la Delegación de Deportes para ser asesor de Almudena Martínez en la Diputación —cambió un cargo electo por un puesto de confianza—. Las competencias municipales en materia de deportes pasaban a manos de José Ángel Aparicio y a Carmen Pina, que entraba en la corporación en sustitución de Mateos, se les asignaba las delegaciones de Participación Ciudadana y Juventud.

Almudena Martínez, conversando con el secretario municipal, Juan Carlos Utrera, momentos antes de un pleno.

La revisión del plan de ajuste, la primera medida de calado

La medida de mayor calado adoptada por el ejecutivo de García-Pelayo en lo que va de mandato se produjo el pasado lunes. Como es habitual desde 2015, en torno a mediados del mes de septiembre el Ayuntamiento tiene que aprobar y remitir al Ministerio de Hacienda su petición de préstamos para el año siguiente con cargo al fondo de ordenación, la línea de crédito habilitada por la administración central para los ayuntamientos con problemas financieros.

En este caso, el pleno aprobó pedir 3,3 millones para pagar sentencias judiciales, aunque tendrá que suscribir otros 10,7 más para atender los vencimientos de otros créditos (este último importe no requiere del permiso de la corporación ya que va implícito cuando el Ayuntamiento se acogió por primera vez al fondo de ordenación).

Pero, más allá de un préstamo más al ya de por sí abultado pasivo municipal, el acuerdo conlleva como es habitual una revisión del plan de ajuste municipal, el documento que fija las medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos consistoriales. En la propuesta de revisión, que ahora deberá ser ratificada por Hacienda, se mantienen los grandes paquetes de medidas, aunque lo que varía, como se hace en la petición, es la concreción de las políticas a ejecutar y los cálculos contables.

En este caso, la controversia se centró en el apartado denominado “subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones y/o bonificaciones”. El ayuntamiento se comprometió años atrás a aplicar el IPC año a año a sus tributos, algo que el anterior ejecutivo logró sortear porque, además de no contar con el respaldo plenario para sacarlo adelante, se vio beneficiado de un incremento de la recaudación por la mejora de la actividad económica.

Ahora el nuevo ejecutivo del PP, que lleva por bandera la no subida de impuestos, plantea en el plan de ajuste que esas “actualizaciones” no empezarán a aplicarse hasta 2028. Eso sí, incluye un incremento de los ingresos tributarios en cuatro millones de euros anuales por “la puesta en funcionamiento del quinto contenedor”, un nuevo bidón que habrá en las calles de la ciudad donde se podrán depositar los residuos orgánicos.

En el pleno, el PSOE y La Confluencia no dudaron en señalar que esto supone una subida de la tasa de basura para el año próximo, extremo negado por el ejecutivo del PP que señaló que está buscando alternativas para “subvencionar” este importe comprometido con Hacienda sin tener que recurrir al contribuyente. El tiempo dará y quitará razones, al igual de lo que ocurrirá con el plan de estabilización de la plantilla municipal pues estos dos grupos entienden que, con los ahorros previstos en el capítulo de persona que recoge este documento, no se prevé culminar el año próximo, interpretación también negada por el gobierno.

El delegado de Economía, Francisco Delgado, en el centro de la imagen durante el pleno celebrado el lunes.

La negociación con el Ministerio de Hacienda

El pasado viernes, se producía otro hito en estos primeros 100 días de gobierno. Representantes del Ministerio de Hacienda y del gobierno local se reunían de manera telemática para empezar a abordar la obligada refinanciación del grueso de la deuda financiera municipal. El Ayuntamiento tiene un problema este año y es que los gastos financieros se disparan ya que en este ejercicio debe empezar a devolver su mayor crédito, uno de más de 673 millones de euros que agrupó a otras operaciones de crédito suscritas en años anteriores

A principios de mayo, el Ayuntamiento se adhirió a esta medida aprobada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que pretende ser algo más que una simple refinanciación de préstamos sino un “compromiso para la sostenibilidad financiera” de las entidades locales para que su carga financiera “sea sostenible a medio plazo”. Así, antes de final de año, Hacienda y Ayuntamiento tienen que concretar los pormenores del acuerdo que incluirá medidas de contención del gasto y de incremento de los ingresos.

Hasta el momento no ha trascendido el contenido de la reunión del viernes y si se alcanzó algún tipo de acuerdo —este medio preguntó al ejecutivo en este sentido, pero no hubo respuesta—, pero el resultado de estas conversaciones será clave en la gestión económica municipal de los próximos años.

De hecho, el Ayuntamiento de Jerez continúa funcionando con el último presupuesto aprobado por el anterior ejecutivo y que entró en vigor en el último trimestre del año pasado. El actual gobierno afirma que ya está trabajando en la siguiente previsión contable, pero esta no podrá cerrarse hasta conocer cómo quedará la deuda financiera y los correspondientes gastos financieros.

La Junta, amiga y premiada

Antonio Sanz, actual número dos del gobierno de la Junta de Andalucía, nunca se ha perdido una investidura de García-Pelayo. Estuvo en la de 2003, en la de 2011 y también en la de este 2023. Eso sí, su asistencia en calidad de consejero de la Presidencia a la sesión solemne del pasado 17 de junio no fue baladí pues se quiso escenificar que el gobierno de la Junta de Andalucía quiere tener a Jerez muy presente. De hecho, esta promesa fue uno de los pilares del discurso de los populares durante la campaña para las elecciones municipales.

Hasta la fecha, no se ha escatimado en actos con la presencia de consejeros en Jerez. Por la ciudad ya ha pasado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, para firmar el acuerdo con la empresa Dorna que permitirá que el año próximo haya Gran Premio en el Circuito de Jerez —el contrato actual no contemplaba inicialmente esta posibilidad—.

María José García-Pelayo y José Antonio Nieto, antes de firmar el convenio para la Ciudad de la Justicia de Jerez.

Le siguió la firma, con todo el boato posible y la presencia de los agentes judiciales, con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, del protocolo para desarrollar la Ciudad de la Justicia, un histórico y demandado proyecto para unificar en un espacio todas las sedes judiciales de la ciudad. En próximos meses deberá ratificarse ese compromiso eligiendo el emplazamiento y empezando a elaborar los proyectos correspondientes para que esta actuación tenga sus primeras consignaciones presupuestarias en las previsiones económicas de la Junta para 2025.

Y hace escasos días se concretó la adhesión de la ciudad a la Red de Ciudades Industriales, con la presencia en Jerez del consejero de Industria y Energía, José Paradela, una iniciativa con la que se pretende incentivar la inversión industrial. Así, ahora tendrá que desarrollarse este acuerdo que pasa por incentivos fiscales, una posibilidad que el Ayuntamiento tiene muy limitada por su situación financiera, por mejoras de los polígonos existentes y puesta en carga de nuevos suelos para actividad económica así como por fomentar la formación y el emprendimiento.

Y se confía en la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el próximo día 9 de octubre en Jerez para recoger de manos de la alcaldesa el premio especial Ciudad de Jerez, el máximo reconocimiento que entrega cada año el Ayuntamiento, justificándolo en el "constante apoyo y su permanente disposición” con la ciudad y “su apuesta por la generación de empleo y riqueza y por el incremento de su presencia inversora”, según rezaba en el comunicado emitido por el equipo de gobierno cuando dio a conocer el listado de galardonados, toda una declaración política de ensalzamiento a una administración pública gobernada por el mismo partido.

La gestión de los fondos europeos

Un ayuntamiento como el de Jerez tan enconsertado y coartado económicamente tiene en los fondos europeos su tabla de salvación inversora. Así, al actual ejecutivo le corresponde ahora comenzar a ejecutar, o terminar, las obras financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —los llamados fondos ‘Next Generation’— concedidos en el último año y medio. Y, en paralelo, también debe continuar presentando proyectos a las distintas convocatorias para seguir recibiendo estas inyecciones económicas tan necesarias para la ciudad.

Operarios trabajando en las obras de la calle Oliva.

Uno de los primeros problemas, y con su correspondiente confrontación con el principal partido de la oposición, ha sido el retraso de la ejecución de las obras de reurbanización del eje que va desde Santiago hasta Cristina (Puerta de Sevilla) por las calles Oliva, plaza de San Juan, Francos y Compañía. Finalmente, se ha culminado la tramitación de la modificación del proyecto al haberse detectado conducciones de suministros inicialmente no previstas, y se ha aceptado un sobrecoste de la actuación.

Otra obra que deberá ejecutarse con estos fondos es la reurbanización de la plaza del Mercado, una actuación que modificará la fisonomía actual de este enclave neurálgico del barrio de San Mateo. El anterior gobierno del PSOE aprobó un proyecto que ahora será modificado por el del PP para incluir más zonas de aparcamientos por petición vecinal. Y en próximas fechas tiene que poner en marcha las obras de mejora del Parque Scout, en la avenida José Cádiz Salvatierra, redactar e iniciar las obras de mejora de los colegios públicos Elio Antonio de Nebrija y Tartessos o la reforma del Parque Williams.

La sempiterna disputa con el PSOE

PP y PSOE no se han dado ni 100 días de tregua. Unos y otros han aprovechado cualquier resquicio para azuzarse a pesar de las buenas intenciones iniciales de no mirar atrás. Así, si uno anunciaba un plan especial de limpieza en toda la ciudad, el otro lo denostaba alegando que era un “intento mediocre de igualar su gestión". Si uno mostraba que la deuda municipal ha aumentado en los últimos años, el otro le retaba a un debate público sobre cifras económicas.

Y el intercambio de golpes no paró. Si uno aprovechaba para criticar a los predecesores que la Fundación del Teatro Villamarta o el Mercado de La Plata se quedaban fuera de unas ayudas económicas europeas, aunque luego tras una alegación la institución cultural pudo acogerse a la ayuda, el otro le culpó de retrasar varias obras municipales que ya estaban adjudicadas o en marcha.

El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, se dirige a la alcaldesa durante un pleno.

Y si uno le reprochó el retraso de las obras de la plaza de San Juan, el otro le afeó la contratación de una artista en la que participó como intermediaria una asesora del gobierno, que acabó renunciando a cobrar por ello. Y si uno aprobaba modificaciones de proyectos de obras en parques para que no sean asfaltados el otro denunció unos presuntos robos de material deportivo en instalaciones municipales.

PP y PSOE permanecen en su equidistancia y están lejos cualquier tipo de entendimiento. Ahora bien, los populares cuentan con la mayoría suficiente para sacar adelante lo que estimen conveniente. En su mano está si buscar el consenso y la participación del resto de grupos en estos cuatro años de mandato que acaban de comenzar.