El Ayuntamiento jerezano ha iniciado el procedimiento para que las calles de El Cuervo que están en término municipal jerezano pasen a ser de la localidad sevillana. Se inicia así una larga tramitación administrativa de modificación de las lindes de ambos términos municipales -y de las provincias- que debe contar con los vistos buenos de las respectivas diputaciones, de la Junta e, incluso, del Congreso de los Diputados.

El pleno ha aprobado en la mañana de este jueves el inicio del procedimiento tras la petición realizada por los 250 vecinos que residen en parte de la avenida de Cádiz y en la calle Huerto del Juncal y tras contactos mantenidos entre ambos ayuntamientos durante los dos últimos años.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, recordó que esta es una reivindicación “histórica” de los residentes de este núcleo. Ahora bien, estos presentaron un nuevo escrito el pasado 24 de abril, que se leyó en la sesión plenaria y que ha desencadenado todo el procedimiento administrativo. Así, recordó que desde hace más de dos décadas el Ayuntamiento jerezano paga al de El Cuervo un canon de entre 21.000 y 23.000 euros anuales por los servicios que se prestan a los habitantes de estas calles jerezanas de la localidad sevillana (alcantarillado, recogida de residuos, policía…).

Eso sí, apuntó que para cualquier tipo de trámite administrativo o para “otro tipo de derechos” tienen que trasladarse a Jerez, lo que genera “grandes molestias” que, según la regidora, “pueden acabarse con una modificación de los términos municipales”. La alcaldesa señaló, no obstante, que la modificación de las lindes deberá llevar una compensación en superficie a Jerez para que el término municipal no pierda extensión. Respecto a esto, no aclaró si ya hay algún tipo de acuerdo o no con el Ayuntamiento de El Cuervo.

La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición. Sin embargo, el portavoz del PP, Antonio Saldaña, quien le reprochó al ejecutivo la “celeridad” en la tramitación de este expediente en relación con otros vinculados a la zona rural como los arreglos de caminos o los planes de legalización que, a su juicio, están “paralizados”.