El PSOE jerazano aún disfrutaba de la resaca de su victoria electoral en las elecciones municipales de 2019 cuando en el primer pleno recibió un baño de realidad. Era la fuerza más votada del pleno, iba a gobernar en Jerez otros cuatros años; pero seguía estando en minoría. La oposición le tumbó su propuesta de subida de los salarios del 8%, un aviso a navegantes sin lugar a dudas.

Días más tarde, logró sacarla adelante tras una negociación con los grupos. A cambio del incremento salarial, acordaba también un aumento de los recursos a la oposición con una mayor asignación económica a cada partido y permitiendo que tengan dos concejales con sueldo (los denominados ediles liberados). Además, le daba la posibilidad a Ciudadanos y Adelante Jerez de contar con dos asesores; en cambio a PP y Ganemos Jerez solo le permitía uno. Mientras, el PSOE se guardaba la posibilidad de contratar a seis asesores, aunque el número podría incrementarlo hasta 10 si los nombraba a media jornada, como al final acabó haciendo.

Esta fue la primera fricción del presente mandato en la ya de por sí inexistente relación entre socialistas y populares. Estos últimos, lejos de resignarse, decidieron recurrir la decisión por la vía judicial al entender que se les agraviaba sin sustento legal. Y en enero del año pasado el Juzgado de lo Contencioso les dio la razón anulando el reparto que había aprobado el ejecutivo en una junta de gobierno. La sentencia no es firme, pero el PP le pidió al equipo de gobierno que la ejecutase hasta en siete ocasiones, sin obtener respuesta. El gobierno se escudaba en que ha recurrido el fallo ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).

Ante esto, a principios de este mes el PP reclamó al Juzgado la ejecución de la sentencia, una petición que era atendida el pasado día 17. Al poco de conocer el auto, el gobierno anunció que procedería a anular el acuerdo de reparto de cargos de confianza y que aprobará uno nuevo quitándole a Adelante y Ciudadanos el asesor extra concedido inicialmente.

Claro está, esta decisión no ha sentado nada bien en los dos grupos afectados. Por el momento, evitan cargar públicamente contra el ejecutivo alegando que están a la espera de la decisión que adopte el ejecutivo finalmente. Este medio contactó con ambas formaciones que se limitaron a señalar que esperarán a lo que haga el gobierno para pronunciarse. Eso sí, Izquierda Unida lanza un aviso: “Los acuerdos están para cumplirlos”. Ahora bien, el malestar de estas formaciones es patente pues se sienten las víctimas de un empecinamiento del PSOE, que no quiere digerir esta derrota judicial ante el PP. 

El pasado lunes, la portavoz del gobierno municipal, Laura Álvarez, mostraba su confianza en que esta decisión no afecte a las relaciones con ambas formaciones a partir de ahora. Pero esta decisión puede tener un efecto bumerán para el ejecutivo al hacer que el panorama se vuelva más inestable de lo que ya estaba. 

Desde que gobierna, el PSOE ha tenido querencia por buscar el apoyo a su izquierda, aunque las municipales de 2019 le puso en bandeja el contrapeso de Ciudadanos en el caso de que sus socios naturales se muestren más farrucos de lo habitual. Sin embargo, la formación naranja no ha pasado del rol de ser el plan ‘b’ del ejecutivo. El PSOE no termina de fiarse de esta formación; y esta tampoco ha estado por la labor de dar cheques en blanco, y menos ahora que se ven agraviados por no querer dar su brazo a torcer con el PP. Además, a este partido le incomoda sobremanera la continua confrontación que el equipo de gobierno mantiene con la Junta de Andalucía, donde gobierna. 

En cambio, el PSOE tampoco vive un idilio con su primera alternativa. Adelante Jerez ya no es un grupo cohesionado; opera bajo un pacto de no agresión interno, pero sus tres ediles ya trabajan de manera independiente. Inicialmente, se acordó que portavocías y cargos de confianza se repartieran a partes iguales entre Podemos e IU. Pero la ruptura de la coalición con Teresa Rodríguez tuvo como consecuencia en Jerez de que tanto el viceportavoz (Ángel Cardiel) como el secretario de grupo nombrados por los morados hayan acabado en el bando de la política roteña.

A pesar de ello, se mantuvo el status quo, y así ha funcionado el grupo municipal en los últimos meses. Sin embargo, el anuncio del ejecutivo para hacer cumplir la sentencia del Contencioso rompe este equilibrio porque la asesora que este grupo podría perder es la nombrada por IU. Y esto se produce escasas semanas después de que esta formación anunciase su ruptura de relaciones con el PSOE por haberle encomendado a Aquajerez la gestión del agua en la pedanía de Torrecera. Llueve sobre mojado, por tanto. Y a ello se une que la otra parte de Adelante siempre ha sido, y es, aún más beligerante con el PSOE.

Lo quiera o no, el gobierno tiene un problema. A la espera de lo que diga el TSJA, el movimiento de dejar con menos recursos al Partido Popular no le ha salido bien. La solución pasa por darle el segundo asesor a su enemigo o por perjudicar a quienes pueden hacerle la vida algo más fácil hasta 2023. En una junta de gobierno local, cuya fecha no ha desvelado el ejecutivo, decidirá qué camino pretende seguir.